Transformar para el desarrollo sostenible.

Zamir Fajardo Morales
Visitador general en la comisión de derechos humanos de la CDMX

Pobreza y derechos humanos: el papel
de la Defensoría Pública en la lucha
para la erradicación de la pobreza

  1. Introducción
    En el año que se celebra el 60º aniversario de la Declaración Uni-
    versal de los Derechos Humanos no se puede ignorar que una sig-
    nificativa parte de la población mundial —particularmente de los
    pueblos latinoamericanos—, aún enfrenta, en su vida cotidiana, in-
    numerables situaciones de graves violaciones y privaciones de los de-
    rechos inherentes a la dignidad humana.
    En estos primeros años del siglo XXI, en que la gran mayoría de los
    países de nuestro continente parece estar avanzando en los procesos
    de consolidación de regímenes políticos que pueden ser calificados
    como democráticos, aún hay un largo camino para ser recorrido en
    dirección de la efectiva democratización de las estructuras y bases de
    nuestras sociedades.
    Es preciso alcanzar niveles más representativos de igualdad
    material en el campo económico y cultural, que posibilite a aque-
    llos quienes se encuentran comprendidos en las clases más pobres,
    la efectiva inclusión social y el pleno ejercicio y goce de los derechos
    civiles y políticos ya consolidados en el campo formal, la ciudadanía
    jurídica y política, y en este sentido, el pleno disfrute de condiciones
    de vida más compatibles con el estadio de desenvolvimiento y pro-
    gresos alcanzados por las sociedades contemporáneas. La exclusión
    económica y social (y por qué no decir, incluso la exclusión tecnológi-
    ca) de una parte significativa de la población latinoamericana coloca
    en jaque las conquistas de libertades civiles y políticas de nuestras
    frágiles democracias.
    En efecto, durante los regímenes dictatoriales que deshonraron
    la reciente historia de varios países de este continente, la pregunta de

la defensa de los derechos humanos estuvo enfocada principalmente
en la lucha por el respeto a la vida y a la integridad física y por los de-
rechos de libertad no contemplados por el orden político establecido.
Los agentes estatales eran, entonces, los grandes responsables por las
violaciones de los derechos humanos. Los clamores contra tales vio-
laciones ganaron repercusión y visibilidad, sobre todo, en la medida
en que sus víctimas eran también los integrantes de la clase media y,
en particular, de las elites intelectuales y culturales.
En cuanto a los integrantes de las clases populares, especialmente
los trabajadores rurales y las grandes masas de desempleados y subem-
pleados (1) que se concentraban en las periferias de las grandes ciudades,
siempre tuvieron sus derechos humanos sesgados, sin que eso suscitase
mayores repercusiones en la esfera jurídica interna e internacional.
Con los procesos de consolidación democrática y de superación
de los regímenes políticos autoritarios, un nuevo escenario se presen-
tó en nuestro continente. En ese contexto, el flagelo de la pobreza y de
las precarias condiciones de vida de las poblaciones situadas en los
estratos sociales inferiores aparece dentro de los principales desafíos
a ser vencidos en la lucha por la efectivización de los derechos huma-
nos. Esto ocurre tanto en la perspectiva interna, en que los derechos
fundamentales ganan destacada significación en las Constituciones
—expresión jurídico-política de los nuevos regímenes—, como en la
perspectiva internacional, en el contexto de los fenómenos de globa-
lización (donde los avances tecnológicos facilitan el flujo de comuni-
cación y de intercambio entre los pueblos) y de la integración regio-
nal que despiertan la atención para la importancia de las instancias
supranacionales en el alcance de los deseos de efectivizacion de los
derechos humanos.
(1) En el caso de los integrantes de las clases trabajadoras urbanas, inser-
tadas en el sistema económico mediante vínculo laboral formal, aunque hayan
sido contemplados significativamente un abanico de derechos sociales, en espe-
cial los de orden laboral y previsional, varios autores (sólo para ejemplificar, ci-
tamos dos autores Carvalho, 2004 y Santos, 1979) apuntan para la ocurrencia de
situación peculiar en el contexto latino americano, en que —diferentemente del
que se dio en otros países, principalmente en las sociedades industriales del he-
misferio norte, como relatado en el célebre estudio del sociólogo T. H. Marshall
(1967) — la expansión de esos derechos laborales y sociales ni siempre se situó en
el desdoblamiento de un ciclo de implantación integral de los derechos civiles
y políticos, sobre todo en razón de la predominancia de regímenes populistas/
clientelistas (y a la veces autoritarios), como fue el caso, por ejemplo de los go-
biernos de Getúlio Vargas en Brasil y de Perón en Argentina. Para profundización
en esa temática, se recomienda el texto escrito por Elizabeth Jelin (2006), bajo
el título “Cidadania Revisitada: Solidariedade, Responsabilidade e Direitos”, pu-
blicado en el libro “Construindo a Democracia: Direitos Humanos, Cidadania e
Sociedade na América Latina.

Realizadas esas consideraciones preliminares, podemos pasar a
la discusión específica propuesta para nuestro debate en el Congre-
so de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, es decir,
una reflexión acerca de las temáticas de pobreza y de los Derechos
Humanos, vinculándolas al tema general del Congreso “Defensa Pú-
blica: garantía de acceso a la Justicia”. En principio, propongo en el
presente posibilidades de vinculación entre los temas arriba mencio-
nados.
Podemos enunciar la primera de esas posibilidades del siguiente
modo: la garantía de acceso a la justicia es un derecho humano con-
sagrado en los principales documentos internacionales que tratan el
tema. Sin embargo, su efectividad en la práctica, se revela bastante
limitada, particularmente en el caso de las camadas sociales más po-
bres. En esa perspectiva, la pobreza es vista como una verdadera ba-
rrera, que impide o dificulta el pleno acceso a la justicia.
La otra posible articulación entre los temas se enumeraría en los
siguientes términos: la situación de pobreza en que se encuentra una
gran parte de la población de los países latinoamericanos, por sí solo,
implica casi siempre una situación de violación de derechos humanos,
no solamente sociales y económicos, sino también civiles y políticos,
y, en la lucha por la erradicación de la pobreza, la garantía de acceso a
la justicia debe ser vista como un instrumento indispensable. He aquí
otra perspectiva en que el acceso a la Justicia es visto como un medio
o un instrumento para la superación de la pobreza.
Confrontadas estas dos afirmaciones, la impresión que nos deja
es que se está frente a una paradoja: si la pobreza es una barrera para
el alcance del acceso a la justicia no se puede pretender que éste sea el
medio para la superación de aquélla. La realidad, sin embargo indica
que ello es sólo aparente.
Creemos que para una adecuada reflexión en torno a esas dos
diferentes perspectivas, resulta oportuno discurrir sobre algunas
cuestiones conceptuales y terminológicas que podrán ayudar a una
mayor precisión en la exposición de las ideas.